Ley Nº 18.494
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y
DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
MODIFICACIONES
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1º.- Sustitúyense los
artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 14, 16 y 19 de la
Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de
2004, por los siguientes:
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"ARTÍCULO 1º.- Todas
las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay
estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y
costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación
económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre
cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado
de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de
octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre
de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la
presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas
operaciones que -aun involucrando activos de origen Iícito- se sospeche que están
vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la
presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.La información
deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco
Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.
La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten
servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y
de transferencia o envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas
físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en
materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera
sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos
obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.
El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las
circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de
setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones
introducidas por las Leyes Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002 y Nº 17.613, de
27 de diciembre de 2002".
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"ARTÍCULO 2º.- Con
las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el
artículo anterior:
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I) |
los casinos,
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II) |
las inmobiliarias y otros
intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,
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III) |
los escribanos, cuando lleven a
cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:
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a. |
compraventa de bienes inmuebles;
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b. |
administración del dinero,
valores u otros activos del cliente;
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c. |
administración de cuentas
bancarias, de ahorro o valores;
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d. |
organización de aportes para la
creación, operación o administración de sociedades;
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e. |
creación, operación o
administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y
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f. |
compraventa de establecimientos
comerciales.
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IV) |
los rematadores,
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V) |
las personas físicas o
jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y
piedras preciosos,
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VI) |
los explotadores de zonas
francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación;
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VII) |
las personas físicas o
jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en
forma habitual sociedades comerciales.
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Facúltase al Poder
Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos
sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos
asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados
participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente
significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en
materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas
entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o
asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano
de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y
funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.El incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del
Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa
máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las circunstancias
del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe
de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay".
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"ARTÍCULO 3º.- La
comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas
relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas
participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o
produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 17
de la presente ley.Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis
Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con
respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si
en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá
adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.
Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de
operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto
obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta
información sólo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por
resolución fundada, cuando ésta entienda que resulta relevante para la causa".
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"ARTÍCULO 6º.- La
Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá instruir a
las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por
un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de
involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente
ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la
cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa
notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que
adopte el Juez Penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los
fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su
vez deberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco
Central del Uruguay involucradas".
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"ARTÍCULO 7º.- Sobre
la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la
Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante
para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo
con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten
fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento.
Para este efecto, sólo se podrá suministrar información protegida por normas de
confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:
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A) |
El organismo requirente se
comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los
hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén
incluidos en el artículo 8º, así como del delito previsto por el artículo 16
de la presente ley;
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B) |
respecto a la información y
documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán
estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad
de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;
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C) |
los antecedentes suministrados
sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente,
previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo
con las normas de cooperación jurídica internacional".
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"ARTÍCULO 8º.- Los
delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, se
configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos
provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes
actividades:
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1. |
crímenes de genocidio, crímenes
de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006;
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2. |
terrorismo;
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3. |
financiación del terrorismo;
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4. |
contrabando superior a
U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);
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5. |
tráfico ilícito de armas,
explosivos, municiones o material destinado a su producción;
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6. |
tráfico ilícito de órganos,
tejidos y medicamentos;
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7. |
tráfico ilícito y trata de
personas;
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8. |
extorsión;
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9. |
secuestro;
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10. |
proxenetismo;
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11. |
tráfico ilícito de sustancias
nucleares;
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12. |
tráfico ilícito de obras de
arte, animales o materiales tóxicos;
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13. |
estafa;
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14. |
apropiación indebida;
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15. |
los delitos contra la
Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los
establecidos en la Ley Nº 17.060,
de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública);
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16. |
quiebra fraudulenta;
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17. |
insolvencia fraudulenta;
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18. |
el delito previsto en el
artículo 5º de la Ley
Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta);
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19. |
los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de
1998 y sus modificativas (delitos marcarios);
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20. |
los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003
y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual);
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21. |
las conductas delictivas
previstas en la Ley Nº 17.815, de
6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas
ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta,
prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o
explotación sexual de personas;
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22. |
la falsificación y la
alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal".
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"ARTÍCULO 14.-
Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra,
explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para
aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la
libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los
actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por
el delito consumado".
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"ARTÍCULO 16.- El que
organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare
fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un
terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán
utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el
artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando
ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a
dieciocho años de penitenciaria".
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"ARTÍCULO 19.- Todas
las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que
transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a
través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los
Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma
en que determinará la reglamentación que éste dicte.Toda otra persona que transporte
dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la
frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos
de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que
determinará la reglamentación.
El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el
inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas
en el artículo 1º de la presente ley; para los señalados en el
inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo
máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las
circunstancias del caso.
Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el
presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará
inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente
procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles
siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro
de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el
cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que
podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la
Administración. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad
competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan
sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los
delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero,
bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La
prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados
determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se
dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución
judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial". |
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